Daniel Ripa señaló, en una rueda de prensa con la portavoz de Podemos-Equo Xixón, que “desfalcar 123 millones a los asturianos y gijoneses no puede salir gratis”
“Vamos a pedir a las dos personas del Ayuntamiento que están sentadas en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, la alcaldesa y la portavoz socialista, que reclamen ante ese consejo todas las medidas necesarias de transparencia para depurar todas las responsabilidades y que se explique a los gijoneses y gijonesas dónde ha ido todo ese dinero público”. En esos términos valoró Laura Tuero la noticia de que la Audiencia Nacional ha imputado a la Autoridad Portuaria gijonesa y a la empresa Tudela Veguín en el ‘caso El Musel’. La portavoz de Podemos-Equo Xixón dio ayer una rueda de prensa con Daniel Ripa, diputado y secretario general de Podemos Asturies, quien señaló que “desfalcar 123 millones de euros a los asturianos y a los gijoneses no puede salir gratis”.
La concejala portavoz de la coalición morada y verde denunció que casi una década después de la ampliación de El Musel, una “obra megalómana, faraónica, de ingeniería, seguimos sin tener la ocupación que nos iba a traer prosperidad”. Dejó claro que “nuestro grupo municipal va a exigir siempre que haya luz y taquígrafos en operaciones como esta, donde hay dinero público”, y pidió a Ana González y a Marina Pineda, como representantes del Ayuntamiento en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, que defiendan para El Musel “la creación de empleos de calidad mediante proyectos e industrias verdes y sostenibles”.
Por su parte, Daniel Ripa explicó que “el juicio del ‘caso El Musel’ se va a producir porque se han encontrado suficientes indicios que dan lugar a pensar que hubo potencial fraude, potencial prevaricación administrativa, y que 123 millones de euros de los ciudadanos asturianos y gijoneses se regalaron presuntamente a empresas amigas con la connivencia entre políticos y empresarios”. Añadió que “desde antes de que se pusiese la primera piedra se sabía que esa ampliación de El Musel iba a provocar 123 millones de euros en sobrecostes. Se había hecho un contrato con Hidroeléctrica del Cantábrico para usar una cantera que se sabía que no se iba a poder utilizar y estaba pactado que se iba a utilizar la cantera de Tudela Veguín, de la familia Masavéu, y que eso iba a provocar unos sobrecostes que bien podrían haber servido para reactivar muchísimos proyectos”.
El diputado en el Parlamento asturiano recordó que todo esto ha llegado a la Audiencia Nacional “gracias a la denuncia que impulsamos desde Podemos Asturies y desde el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN)”. A Tudela Veguín se le reclamarán 80 millones de euros y la Fiscalía pide un total de 46 años de cárcel y más de cien años de inhabilitación para los acusados, mientras que “las acusaciones populares pedimos en torno a 168 años de cárcel y 561 años de inhabilitación”.
Contraste de informes
Daniel Ripa aseguró que “durante todo el proceso de instrucción ha habido informes que demostraron que no había tráficos que justificara la ampliación de El Musel”, lo cual sugiere una pregunta: “¿Por qué se siguió adelante con una obra innecesaria que supone, básicamente, tirar piedra y hormigón al mar? Pues se hizo porque había unos intereses económicos”.
