La portavoz de Podemos-Equo Xixón preguntó en comisión por los plazos de respuesta a las alegaciones: “La cuestión qué nos surge es ¿qué pasa si esta tramitación estaba mal desde el punto de vista legal y se aprobó en un pleno?”
Podemos-Equo Xixón preguntó ayer en la comisión de Urbanismo por el estado de tramitación de las alegaciones al convenio para la permuta de parcelas entre el Ayuntamiento y la multinacional Quirón. “Viendo como se dilatan los plazos de respuesta a las alegaciones, tanto las de nuestro grupo municipal como las de los movimientos sociales, parece que el convenio con Quirón no estaba tan atado jurídicamente cuando no hay fecha de respuesta a las alegaciones. La cuestión que nos surge es ¿qué pasa si esta tramitación estaba mal desde el punto de vista legal y se aprobó en un pleno?”, señaló ayer la portavoz de la coalición, Laura Tuero. En la comisión se trasladó que no hay fecha prevista para finalizar esta etapa de la tramitación del convenio porque se están analizando los argumentos en profundidad: “Nos respondieron que se invertirá todo el tiempo que sea necesario para que el proyecto cuente con seguridad jurídica”.
“De mano el PSOE gijonés y asturiano le puso el puente de plata a la Quirón con una permuta que ha conllevado la recalificación de parcelas públicas de Nuevo Gijón. Además vemos que la postura del PP y PSOE en nada distan sobre la sanidad pública. Hace escasos días el presidente del PP en Xixón proponía derivaciones a la privada como medida para reducir las listas de espera y el Consejero de Salud, Pablo Fernández, contestó con evasivas en la Junta para no decir claramente que el Principado no derivará pacientes a la multinacional, al declarar que la Quirón era ‘complementaria y secundaria en el Principado’”, ha sentenciado. Además, en la comisión se confirmó que la aprobación definitiva del convenio no se puede formalizar hasta que se hayan respondido todas las alegaciones.
La portavoz recordó que el grupo municipal pidió a través de la presentación de alegaciones la anulación del anuncio del convenio, al considerar, según argumentos jurídicos, que su aprobación en el pleno, con el voto a favor de PSOE, Vox, CS, PP y Foro, podría considerarse “presuntamente ilegal”, algo “especialmente preocupante cuando es un proyecto de gran calado e impacto en Xixón”, en palabras de Laura Tuero. Entre las explicaciones jurídicas de esta petición de anulación que hace la coalición morada y verde está que Quirón no acredita la propiedad de los terrenos. “Según nuestras alegaciones había fincas en las que constan, en la información registral, hasta tres condiciones suspensivas”, explicó la portavoz. Las condiciones suspensivas en un contrato de compraventa hacen que se demore la entrega del inmueble, en este caso de las fincas, hasta que se haya cumplido la condición recogida en la misma. “Añadíamos que desde el punto de vista registral, no se acierta a entender cómo sin depurar las trabas en los títulos, se pueda llevar a información pública una propuesta de aprobar un Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y la entidad proponente y que esto no se ajusta a derecho. Es decir, las parcelas podrían no ser en firme de Quirón en el momento en que se presentó el convenio para su aprobación en el pleno. Además, hay que recordar que una de las parcelas está cedida por el Ayuntamiento a una asociación de dinamización”, afirmó Laura Tuero.
Además, el interés público por el que podría justificarse la permuta de parcelas no está debidamente argumentado ni justificado en el expediente y este convenio debería tramitarse a la vez que la modificación del PGO y esto no ocurre. A todo esto hay que sumar que el expediente actual tiene grandes carencias en materia de la Ley de Transparencia y no recoge expresamente el derecho a la información ambiental, como marca la ley. “Estamos ante la venta de la Sanidad Público a una multinacional privada y el desmantelamiento del estado del bienestar, ya no solo en Xixón, sino en Asturies”, insistió Laura Tuero, que recordó la movilización ciudadana que rodeó el Ayuntamiento el 1 de agosto en defensa de la Sanidad Pública y contra este convenio.
